Investigación: La presidencia de Raúl Alfonsín

“Vamos a recuperar la vida, la justicia y la libertad. Tenemos un método: la Democracia”.

Las palabras de Raúl Alfonsín resumen, de alguna manera, su presidencia.
Alfonsín supo capturar los sentimientos de gran parte de la ciudadanía en 1983: el rechazo al régimen militar, la reivindicación de los derechos humanos y la confianza en la democracia. Pero la situación heredada no era fácil.
Para encontrar una solución a la crisis económica, caracterizada por la inflación y un alto endeudamiento externo, en 1985, el gobierno presentó el Plan Austral y luego el Plan Primavera, pero no pudo cumplir con su deseo de que en este país todos pudieran comer, educarse y vivir dignamente.
Pero sí cumplió con su palabra al llevar a juicio por graves violaciones a los derechos humanos a las Juntas militares que dirigieron el proceso.
El 13 de Diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín aprobó los decretos 157 y 158.
El primero afirmó la necesidad de “afianzar la justicia; con este fin, corresponde procurar que sea promovida la persecución penal que corresponda contra los máximos responsables de la instauración de formas violentas de acción política, cuya presencia perturbo la vida argentina”.
El decreto se aplicó particularmente a los dirigentes de organizaciones guerrilleras, reforzando de este modo la "teoría de los dos demonios".
El segundo decreto mandó enjuiciar a las juntas militares; se escribe en el Artículo 1: “Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las 2 juntas militares subsiguientes”.
El 15 de Diciembre de ese mismo año fue aprobado el decreto 187,que estableció la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), atribuyéndole la responsabilidad de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar.
La CONADEP fue conformada por 13 miembros y 5 secretarios, y tomó testimonio a víctimas y familiares para poder documentar el terrorismo de estado.
Dichos dirigentes militares fueron condenados a prisión perpetua. Luego, esas penas fueron modificadas por las leyes de Punto Final y Obediencia debida, votadas en el Congreso Nacional durante el gobierno del presidente difunto.
Recordamos esta presidencia como un momento clave, duro y difícil de nuestro país, que no se interrumpió, sino que persiste hasta nuestros días, con algunos problemas sin solución.

Nota de: Lucía Barnechea, Micaela Schirilo, Ornella Alegre, de 6º grado.